La ciudadanía necesita cobrar conciencia urgente y plena de que nuestro país enfrenta una difícil coyuntura energética. Por una parte, los precios de la energía eléctrica están entre los más altos de la región y, por otra, la posibilidad de mitigar esos precios incrementando la oferta de generación de electricidad está siendo amenazada por una creciente judicialización de los procesos que conducen a aprobar proyectos con ese objeto.
Los ejemplos abundan y se multiplican: está el proyecto Castilla de la brasileña MPX, un conjunto de seis centrales térmicas en la III Región, que suman 2.354 MW y una inversión estimada en más de 4.400 millones de dólares, cuya resolución de calificación ambiental fue aprobada por la autoridad ambiental, pero luego revertida por la Corte de Apelaciones, acogiendo un reclamo de sus detractores que desvirtuaba la decisión del funcionario ambiental competente, que cambió la calificación de dicho proyecto de "contaminante" a "molesto", en uso de sus atribuciones. También está la autorización ambiental del Parque Eólico de Chiloé, paralizado por la Corte Suprema, fundándose en que ese proyecto no ha dado cumplimiento al Convenio N° 169 de la OIT, por el que Chile se comprometió a que todos los proyectos que utilicen terrenos relacionados con pueblos originarios deben contemplar una etapa de consultas a éstos antes de poder ser aprobados. Y está el proyecto minero El Morro, también en la III Región, que contempla una inversión de más de 5.000 millones de dólares, al cual la Corte Suprema le ha ordenado que cumpla con dicho Convenio N° 169, lo que podría atrasarlo en unos 18 meses, si se lograre acordar una forma aceptable de proceder con quienes representan a esos pueblos originarios. A su vez, el proyecto HidroAysén, a pesar de haber logrado la aprobación ambiental para sus centrales, enfrenta un difícil panorama ante el anuncio de judicialización que tendrá el tendido eléctrico necesario para llevar la energía generada por ellas hasta los centros de consumo.
Es obvio que la judicialización de estos proyectos se ajusta a la institucionalidad que el país se ha dado, pero sería imprudente ignorar que ésta, en su modalidad actual, se ha traducido en una creciente fragilidad de la certeza jurídica que pueden brindar los certificados de aprobación ambiental que emiten las autoridades del sector, pues ellos pueden ser revertidos fácilmente por los tribunales, y se constata a cada momento que resulta bastante sencillo invocar causales que paralicen proyectos o que finalmente lleven a abandonarlos, como ya algunos han anunciado que podrían hacerlo.
Chile necesita preguntarse en qué grado preciso esta dificultad para desarrollar proyectos mineros o energéticos está poniendo en riesgo el desarrollo del país, que todos dicen desear y que supone un nivel de progreso social que en todas sus manifestaciones también todos exigen crecientemente -los "indignados" son una muestra de eso-. La respuesta a esa pregunta concierne a todos, pero primariamente a las autoridades políticas, técnicas y judiciales. Si se ahogan las fuentes que permiten dar mejores condiciones de vida a la población -como parece ser el caso-, ¿cuáles son entonces las modificaciones razonables a la institucionalidad que es necesario introducir para no frustrar las expectativas de esos mismos ciudadanos? ¿Es necesario otorgar un poder de veto a los pueblos originarios mediante un instrumento como el Convenio N° 169? ¿Es correcto que los jueces ponderen la bondad técnica -no jurídica- de las decisiones de las autoridades competentes, si éstas han sido tomadas haciendo uso de las facultades que les otorga la ley?
Nuestro país se encuentra ante una encrucijada en la que necesita resolver, con mirada hacia el futuro, sobre la mejor manera institucional de procesar las causas que afectan a todo el país, frente a aquellas que sólo afectan a ciertos grupos de personas: los casos antes citados, que no son únicos, muestran que en la actualidad hay un claro desbalance en favor de las segundas.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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