El derecho a la justicia ambiental

El derecho a la justicia ambiental

Iglesia y sociedad

Raúl H. Lugo Rodríguez

Cuando en 1982, en un parque de la ciudad de Bonn, una tarde de domingo, contemplé una procesión de personas vestidas de negro que llevaban mantas advirtiendo sobre la inminencia de la catástrofe del ecosistema y un enorme reloj marcando cinco para las 12, estaba lejos de imaginar lo profético que resultaría ese espectáculo.

Terminada la marcha, los manifestantes se sentaron en círculo para escuchar absortos lecturas sobre la belleza de la naturaleza, la responsabilidad de conservarla para las próximas generaciones, junto con horripilantes relatos acerca de la extinción de algunas especies animales. En la camiseta del joven lector situado en el centro del círculo estaba dibujado un enorme girasol, en cuyo centro había un nombre: Die Grünen, es decir, Los Verdes, germen de lo que después sería el Partido Ecologista Alemán.

A diferencia de nuestro país, donde recibe nombre parecido un partido que no es otra cosa que una lucrativa empresa familiar, siempre en venta al mejor postor, los partidos ecologistas europeos siguen despertando simpatía y continúan gozando de bastante confiabilidad. El asunto es que pusieron, ya desde la década de los 80, en el siglo pasado, el dedo sobre la llaga. Hoy, casi 30 años después, vemos con angustia que el deterioro del ecosistema es una realidad incontrovertible.

En aquellos años, equivocadamente, muchos los mirábamos con escepticismo. Nos parecía que los problemas de la injusticia social y las guerras dejaban los asuntos de la defensa de la ecología como propios de algunas señoras ricas, patrocinadoras de sociedades protectoras de animales.

Cuan equivocados estábamos. Ya entrando a los finales de la primera década del siglo XXI, constatamos que al problema de la desigualdad social, nunca tan pronunciado en el mundo como ahora, se ha aunado de manera irrefrenable un desgaste de las condiciones de la naturaleza que ha dado lugar al cambio climático que ya padecemos y que parece irreversible.

Esto viene a cuento porque el 30 de julio pasado más de 16 organismos de derechos humanos, 13 organizaciones que trabajan con mujeres, 57 organizaciones ambientalistas, 9 organizaciones de desarrollo social, 33 profesionistas e investigadores de distintas universidades y decenas de ciudadanos a título personal hemos enviado una carta a Felipe Calderón y a los secretarios de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para solicitar la creación de un mecanismo de coordinación interinstitucional que vigile y dé continuidad a la aplicación del Convenio de Estocolmo en nuestro país.

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes fue firmado y ratificado por México y entró en vigor como ley ambiental el 17 de mayo de 2004. La firma del convenio obliga al Estado mexicano a monitorear y prohibir el uso de cerca de 22 sustancias tóxicas que producen daños irreversibles para la salud humana, y que están en insecticidas, pesticidas y plaguicidas que se aplican en alimentos que después serán consumidos por usted y por mí.

Los daños corroborados por la Organización Mundial de la Salud son tan graves como alteraciones en el desarrollo, en los sistemas endocrino e inmunológico y la presentación de cáncer de diversos tipos. Tales sustancias tóxicas, además, son persistentes en el ambiente y pueden pasar décadas antes que se degraden. Se ha comprobado su presencia, incluso en la leche materna, lo que convierte a esos tóxicos en parte de la carga corporal que se transmite a las futuras generaciones.

Escuelas como "U Yits Ka'an", que acaba de cerrar su undécimo ciclo escolar, son indispensables. Pero igualmente importante es luchar desde otros frentes por frenar el deterioro del ecosistema. La batalla contra los contaminantes presentes en pesticidas y plaguicidas es de vital importancia para gozar cabalmente del derecho a la salud y a un medio ambiente sano.

Habría que preguntarnos si en nuestro estado de Yucatán hay algún monitoreo de este tipo por parte de las instituciones de gobierno encargadas del campo. Si la venta y el uso del DDT y el Lindano, prohibidos por el Convenio de Estocolmo, han sido erradicados. Si los paquetes que campesinos y campesinas reciben obligadamente como parte de los créditos que solicitan están libres de este tipo de contaminantes. Si siguen vendiéndose por parte de las empresas comercializadoras de productos para el campo y si se tiene información acerca de los plaguicidas usados por empresas transnacionales como la que funciona en la zona sur del estado, que utiliza químicos (ojalá todos sean lícitos) en gran cantidad y compromete de tal manera el futuro de esa zona, que ya hay ecologistas que lo llaman "El Valle de la Muerte".

Sólo exigiendo nuestro derecho a la información sobre estos asuntos, podremos participar juntos, gobiernos, universidades y organismos de la sociedad civil, en el acceso pleno de todos los ciudadanos y ciudadanas a la justicia ambiental. Este es también un tema de derechos humanos.— Mérida, Yuc

Saludos
Rodrigo González Fernández
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